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La UE enviará 1000 soldados a la República Centroafricana

La Unión Europea enviará unos 1000 soldados a la República Centroafricana. Lo han decidido los ministros europeos de Asuntos Exteriores en Bruselas, ante los violentos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Este lunes el país elige a un nuevo presidente interino que ayude a restaurar la seguridad en la zona.

Los detalles de esta operación todavía se están debatiendo aunque se estima que la misión durará entre 4 y 6 meses.

Estos soldados servirán de apoyo a los 6.000 efectivos que tiene desplegados la misión internacional de la Unión Africana (MISCA). Francia ya tiene 1.600 soldados sobre el terreno. España, al igual que otros países como Reino Unido, Alemania y Bélgica, ya contribuye con unos 60 militares y un avión de transporte.

Nuestra corresponsal en Bruselas, Audrey Tilve, dice que se necesitará la aprobación de Naciones Unidas, planificar la operación, ver exactamente quién hace qué, obtener también el aval de los parlamentos en todos los países donde sea necesario, lo que explica que el despliegue de esta misión no está previsto antes de finales de febrero.

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Francia, Alemania y Bélgica, contra los abusos de la libre circulación de trabajadores

Europa discute el futuro de los trabajadores desplazados: todos aquellos que trabajan en un país, con contratos de otro país de la UE, generalmente en peores condiciones. Francia, Alemania y Bélgica quieren atajar los abusos para contener el dumping social. Los sindicatos belgas se han manifestado en Bruselas ante el lugar de la reunión. Piden controles más estrictos.

Constant Koumbounis, del sindicato MWB, explica su posición:
“lo que pedimos es que todas las subcontratas respeten un mismo marco, que se puedan controlar todos los niveles de subcontratas”.

En Bruselas, ante el edificio del Consejo Europeo, Koumbounis ha denunciado las ilegalidades a las que se presta el sistema actual. “Cuando llegas al quinto escalón, ya no sabes quién trabaja para ti, pero el que contrata en primera instancia debería responder por todos los niveles”.

Pierre Cuppens, del sindicato CSC, respalda esa reivindicación: “pedimos que se pueda castigar a los que se benefician de esa situación y que se hagan responsables de toda la cadena”.

Los partidarios de normas más estrictas quieren más controles en las obras, en los talleres o en los explotaciones agrícolas. Pero los países que exportan trabajadores – como Polonia – y el Reino Unido se oponen a los cambios.

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